Resumen: Tras declarar que no procede la inadmisibilidad del recurso de casación, considera que no procede que se formule una doctrina jurisprudencial que pueda dar respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo planteada en el auto de admisión del recurso de casación, y ello porque la redacción del auto de admisión en cuanto a la determinación de la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia está desconectada del concreto pronunciamiento recogido en la sentencia impugnada en casación, por lo que estaría planteando cuestiones interpretativas del ordenamiento jurídico de forma teórica y abstracta. Además, la resolución de la controversia está vinculada a las concretas circunstancias del caso lo cual implica que las respuestas no resultan, en ningún caso, reconducibles a una formulación de carácter general.
Resumen: Consta que la actora, camarera de pisos con antigüedad desde 1996 en el hotel Occidental Las Margaritas, reclamó a Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias S.L. la diferencia entre lo que percibió como paga extraordinaria de verano de 2020 (587,44 €) y lo que le correspondía si el devengo fuera anual (1336,42 €). Al haberse encontrado en ERTE por fuerza mayor tras la declaración del estado de alarma, la empresa calculó la paga con un criterio semestral, dejando pendiente 378,14 €, más el 10 % de interés moratorio del art. 29.3 ET. El Juzgado de lo Social estimó íntegramente la demanda en mayo de 2021. Barceló recurrió en suplicación alegando que el cómputo debía ser semestral, pero la Sala de lo Social del TSJ canario confirmó la condena e impuso 800 € de costas. La compañía interpuso RCUD denunciando vulneración del art. 31 ET y del art. 11 del convenio provincial de hostelería. Sin embargo, ni la trabajadora ni el Ministerio Fiscal discutieron ya el fondo: ambos sostuvieron que la Sala autonómica carecía de competencia funcional, porque la pretensión (378,14 €) no alcanzaba los 3.000 € que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para abrir la vía del recurso de suplicación, y tampoco concurría la afectación general .El Supremo coincide: no basta con que la cuestión pueda repetirse potencialmente; se necesita un nivel de litigiosidad relevante y acreditado y aquí solo constan demandas aisladas de algunos trabajadores. Al faltar ese presupuesto procesal, el Supremo no entra a discutir si el devengo de la paga era anual o semestral. Declara irrecurrible la sentencia del Juzgado, anula la dictada en suplicación y hace firme la condena de instancia.
Resumen: El tribunal del jurado declara la culpabilidad por un delito de asesinato, apreciando la alevosía por desvalimiento, la muerte producida a una anciana inyectándole insulina por una cuidadora de la residencia de ancianos, con intención de causarle la muerte. La concurrencia de la circunstancia agravante de alevosía, se produce por la situación de desvalimiento en que la víctima se encontraba debido a su avanzada edad, dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, acostada en la cama, todo lo cual impidió a esta defenderse. Esta alevosía por desvalimiento consiste en el aprovechamiento de una especial situación de desamparo de la víctima, como acontece en los casos de niños de ancianos debilitados. En este caso, a tenor de lo afirmado por los Jurados al elaborar el veredicto, sí apreciaron la alevosía por desvalimiento, pues la acusada se aprovechó de la especial situación en la que se encontraba la víctima, de 98 años de edad, con dependencia para cuidados básicos y actividades cotidianas que la impedía cualquier reacción defensiva.
La STS 82/2.024, de 25 de enero señala que "La doctrina de este Tribunal, reforzada por la Sentencia de Pleno Jurisdiccional 585/2.022, de 14 de junio, es clara al afirmar la compatibilidad entre la alevosía por desvalimiento por la especial vulnerabilidad de la víctima y la hipercualificación del artículo 140.1.1 CP". En el caso presente no procede la imposición de la pena de la prisión permanente revisable pues la situación de especial vulnerabilidad de la víctima, ya ha sido tenida en cuenta para aplicar la alevosía, lo que supondría una vulneración del principio non bis in ídem.
